1. El terremoto físico

Me reconozco culpable de no haber estado en Chile para el terremoto que nos azotó hace una semana atrás. Hay una angustia que acompaña a la distancia cuando se está lejos de los seres queridos, cuando se mira a Chile a través de la pequeña ventana que ofrece la prensa internacional y es casi imposible reconocer paisajes de aquello que hace poco era familiar. Hay una cierta desesperación en encontrar la manera de estar presente desde la ausencia, solidarizar desde la lejanía y mirar en perspectiva las posibilidades de ayuda desde un contexto fuera de lo local.  Por sobre todo, atravieso ahora una carencia personal, un dolor de no ser parte de una experiencia social, lamentablemente desde hoy, un hito en nuestra memoria colectiva como pueblo.

Reconozco además, haberme impactado con una imagen en particular, una fotografía que muestra el frontis destruido del Museo de Arte Contemporáneo (MAC). Se malinterpreta la sensibilización que tengo ante la pérdida de  parte de nuestra infraestructura cultural al compararla con el profundo dolor que me puede producir la realidad social de Chile actual. Bajo ningún punto de vista son comparables, las artes y sus prácticas deben observarse y analizarse bajo sus propios parámetros y rehuir la “competencia de lamentos” que se genera con otras áreas.

El arte y la cultura  para algunos entra al debate luego que se han cubierto las necesidades básicas de una determinada población -alimentación, abrigo, protección social, salud y educación-. Para otros más cercanos a las teorías del arte como herramienta de formación,  la práctica cultural es transversal a estas necesidades y entrar en estos cuestionamientos evitaría cualquier tipo de abogacía posible frente a las artes. Dicho esto, reconozco que al ver la fotografía del MAC, la respiración se me cortó por un par de segundos.

Previo a la evaluación del estado de nuestra infraestructura cultural tras el terremoto, existe también un efecto simbólico en la imagen del MAC. El edificio de Bellas Artes es un espacio icónico, fue construido para celebrar el centenario de nuestro país (1910) y se encuentra hoy ad portas del bicentenario. Casi como una metáfora – o una muy mala paradoja-, un fenómeno natural nos recuerda las necesidades de renovación infraestructural pero también nos da la posibilidad de replantearnos nuevas alternativas.

2. El terremoto político

Previo al terremoto de 8.8 grados, Luciano Cruz-Coke, era condecorado con un “pen drive” por el Presidente electo. El ministro de cultura ya no fue nombrado último en la lista gracias a que ahora se agrega el ministerio de medioambiente el que, irónicamente, pareciera tener una categoría aún menor que la que nos compete. Pero independiente a la posición que la cultura ocupe en la política de estado, es importante revisar cuáles serán los nuevos delineamientos que ésta establezca para los próximos cuatro años.

Aunque pareciera ser que el Consejo de la Cultura y de las Artes (CNCA) continua con los programas establecidos y su misión en términos de política cultural debiera preceder a las nuevas directrices, existe ahora una nueva necesidad, una nueva mirada y un enfoque que podría repercutir como un “coletazo”.Está claro que la institucionalidad cultural redefine hoy sus prioridades apuntando nuevamente a la infraestructura como piedra angular. Pero independiente a eso, se generará una reformulación ideológica en torno a las prácticas de financiamiento. Cuando el ex-Presidente Lagos inauguró a comienzos del 2000 el CNCA, dio un enérgico discurso que definió a la política cultural como una más de las prioridades del Estado. Fue gracias a  esta visión que se procedió entonces, de la mejor forma posible, a la creación de nuestra institucionalidad actual.  Nos vimos obligados a redefinir terminologías tales como “consumo cultural” para poder hablar ahora en términos más inclusivos de “participación ciudadana”. Era latente la idea del Estado como un ente protector de nuestro patrimonio, canalizador de recursos en miras de la diversidad, la excelencia y el fomento de las artes.  Ese enfoque se altera levemente a partir de marzo de este año. ¿Cómo?

El nuevo programa de gobierno, o al menos el programa prometido por el nuevo mandatario, no posiciona a la cultura  en un rol protagónico. No compartimos un espacio con salud, educación o empleo, pero tampoco estamos en un segundo grupo de prioridades. La cultura quedó posicionada entonces, en un tercer sector titulado “valores y calidad de vida”. Este tercer sector en las prioridades gubernamentales agrupa a la cultura con el deporte y, para mi sorpresa, con el tema de los derechos humanos.

Como la mejor de las antinomias, al mismo tiempo de la presentación del CNCA el Instituto Libertad y la Fundación Jaime Guzmán presentaban un documento titulado “Cultura oficial o Libertad Cultural”, el cual delimita la visión de cierto estamento social frente a los temas de política cultural declarando que ya que la cultura corresponde a una manifestación individual “el Estado sólo debiera limitarse a garantizar un pleno respeto de la libertad individual. Aún más, el pretender conferirle un rol activo al Estado en este ámbito, lleva el peligro de negar y neutralizar la participación que por esencia le corresponde a las personas.”

Entendemos entonces el temor a un Estado que actúe como un regulador del arte, una entidad con criterios subjetivos en torno a qué es y cómo se define la calidad artística. Sin embargo, el modelo planteado por el CNCA y particularmente Fondart, siempre ha estado transparentado por evaluadores externos y precisamente los pares de aquellos que compiten por los fondos. Ahora bien,  independientemente de lo perfectible que este sistema pueda ser, el que el estado canalice la distribución de los fondos concursables no excluye que el financiamiento cultural pueda ser obtenido por otros medios (como el sector privado) por lo cual, hablar de un atentado a las libertades individuales no viene al caso.

Entiendo que este modelo mixto es necesario y por supuesto que todos queremos fomentar la participación de el empresariado, pero esta es la misión que emprende el nuevo gobierno (queriendo imitar un modelo norteamericano) sin tener en cuenta ciertas problemáticas aledañas al fomento de esta iniciativa:

Pasar de la regulación del estado a la regulación del mercado:
Si criticamos que el Estado no diversifica sus fondos (alegando que son siempre los mismos los beneficiados) y además dudamos de los criterios de selección, ¿por qué tenemos más confianza en el empresariado que puede caer en estos mismos errores y además sin la necesidad de justificarlos ante nadie? Más aún, pensar en un modelo sustentado principalmente por el sector privado (como podría ser  el modelo norteamericano) implica una preparación mínima de parte de las fundaciones y empresas que en Chile aún no se solidifica. Con esta preparación me refiero a la creación de líneas de financiamiento cultural con un formato de postulación y convocatoria adecuada que asegure una distribución efectiva de recursos.

Cuando yo digo difusión y promoción, tu dices marketing.
En relación a los códigos de lenguaje y terminología: ¿está preparado el mundo empresarial para dialogar con los artistas (y vice versa)? De parte del mundo de las artes, no existe capacitación alguna -ya que las instancias de estudio formal muchas veces no incluyen cursos de gestión, de contabilidad básica o elaboración de proyectos- frente a la forma en la cual se debe abordar al mundo empresarial. Al no haber una alineación en los códigos, no existe un diálogo efectivo y concreto. Aquí es primordial la función del gestor cultural como puente entre el artista y la empresa ya que por su parte el empresario tampoco entiende la “jerga” ni las prioridades artísticas. Aún más, su medición de impacto y evaluación depende estrictamente de objetivos financieros y cuantitativos.

La personalidad jurídica vs. La libertad del artista individual:
Ni la ley Valdés, ni ningún otro mecanismo (salvo el aliarse a una institución mayor) permite que las personas naturales perciban financiamiento de un privado. El traspaso de dineros de parte de una empresa requiere de algún documento o regulación en este intercambio, sobre todo si se promete una deducción de impuestos junto con la “donación”. Cómo resultado de esta realidad, ocurrirá que – por ejemplo en el caso del teatro- sean las compañías constituidas los grandes beneficiarios (los mismos que ya tienen una gran trayectoria, un apoyo de parte de los medios y mayor cantidad de recursos). ¿Qué ocurre con el artista individual? ¿Qué pasa con el artista emergente? ¿Cómo participa de este sistema una compañía joven? Al igual que el modelo norteamericano -donde aún peor, ni el estado financia artistas individuales-, nuestros artistas se verán forzados a crear un modelo de organización que les permita negociar y apropiarse de estos beneficios o de lo contrario a encontrar una organización mayor que lo apadrine. ¿Quién los guiará en ese proceso?

Como podemos ver, son muchos los cuestionamientos y diversas las interrogantes. No tenemos aún las respuestas, o al menos, en lo personal aún están dando vuelta diversas posibilidades en mi cabeza. Sin embargo me quedo tranquila porque estoy más que segura que todas estas problemáticas están solucionadas en el archivo Word que va dentro de aquel “pen drive” entregado a nuestro nuevo Ministro. Solo queda esperar que alguien le haga una copia de este archivo también a nuestro sub-secretario quien, menos mal, sí es gestor cultural.

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